Entrada en vigor de la Ley de contratos del sector público

El , 9-3-2018, entró en vigor la L 9/2017, de contratos del sector público, mediante la que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Dir 2014/23/UE, relativa a la adjudicación de contratos de concesión, y la Dir 2014/24/UE, sobre contratación pública.

El 9-11-2017 se publicó en el BOE la L 9/2017, de contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 2014/23/UE y 2014/24/UE.

La entrada en vigor de la norma se fijó a los 4 meses de su publicación, por lo que la Ley entró en vigor el 9-3-2018, salvo excepciones (entre otras, la que se refiere a la nueva regulación de los órganos consultivos, que entra en vigor al día siguiente de la publicación).

El nuevo texto normativo no se limita a la transposición del Derecho comunitario, sino que trata de diseñar un sistema de contratación pública más eficiente, transparente e íntegro, mediante el que se consiga un mejor cumplimiento de los objetivos públicos, tanto a través de la satisfacción de las necesidades de los órganos de contratación, como mediante una mejora de las condiciones de acceso y participación en las licitaciones públicas de los operadores económicos.

También trata de lograr la simplificación de los trámites con la idea de reducir las cargas administrativas de los operadores económicos intervinientes, beneficiando así tanto a los licitadores como a los órganos de contratación.

La regulación de los contratos de las Administraciones Públicas, tanto en sus disposiciones generales, como respecto de cada tipo de contrato, sigue siendo la parte troncal de esta Ley, sin perjuicio de la referencia de cualquier contrato que se haga por una entidad del sector público.

Se siguen distinguiendo los distintos regímenes jurídicos de los contratos públicos según que la entidad contratante sea o no un poder adjudicador, así como la distinción entre los contratos sujetos a regulación armonizada y los que no lo están, basándose en la superación de ciertas cuantías económicas o umbrales comunitarios.

Las principales novedades de la Ley son las siguientes:

– la extensión del ámbito subjetivo de aplicación de la Ley;

– se incluyen en los contratos consideraciones de tipo social, medioambiental y de innovación y desarrollo;

– se incorpora la regulación de las consultas preliminares del mercado;

– se regula el procedimiento simplificado;

– con independencia de las normas llamadas a facilitar la lucha contra el fraude y la corrupción, se incluyen nuevas normas tendentes al fomento de la transparencia en los contratos;

– una nueva regulación de la figura del perfil del contratante, más exhaustiva que la anterior;

– se mantiene el uso de la declaración responsable pero se amplía el espectro de casos en los que se utiliza y se regula pormenorizadamente su contenido;

– se realiza una decidida apuesta a favor de la contratación electrónica;

– desaparece la figura del contrato de gestión de servicio público y surge en su lugar, la nueva figura de la concesión de servicios;

– se introducen medidas de defensa de la competencia, como la obligación de poner a disposición de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia una mayor información en materia de contratación pública.

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